SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación por el aumento de muertes de jóvenes que, a su juicio, se registran en supuestos intercambios de disparos con la Policía.
En rueda de prensa encabezada por Yván Lorenzo, Temístocles Montás, José Dantés y Sigfrido Pared Pérez, advirtió que la lucha contra la delincuencia no puede convertirse en ejecuciones.
Según datos citados por el PLD, en septiembre último se registraron 55 muertes en intervenciones policiales y organizaciones de derechos humanos denuncian que más de 180 personas cayeron en operativos en los primeros meses del año.
La entidad opositora cuestionó lo que definió como falta de estadísticas transparentes de la Procuraduría General sobre investigaciones abiertas y agentes sometidos a la justicia.
LA CONSTITUCIÓN ES CLARA
El PLD recordó que el artículo 7 de la Constitución define a República Dominicana como Estado social y democrático de derecho y el artículo 37 consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte.
«Ninguna autoridad policial puede sustituir a los tribunales, declarar culpable a un ciudadano y disponer su ejecución», afirmó.
Subrayó que la rendición de un ciudadano exige detención y sometimiento a la justicia, nunca su ejecución, sin importar su historial penal.
RESPONSABILIDAD PRESIDENCIAL
Citó el artículo 255, que coloca a la Policía bajo autoridad directa del presidente de la República.
Señaló que el presidente Luis Abinader tiene responsabilidad política de garantizar que la seguridad se aplique bajo la ley.
Aclaró que no afirma que exista una orden presidencial para ejecuciones, pero advirtió que la falta de supervisión, la tolerancia y el silencio pueden convertirse en autorización de hecho y generar impunidad.
LAS SIETE PROPUESTAS DEL PLD
El PLD sostuvo que la efectividad policial no se mide por presuntos delincuentes eliminados, sino por prevenir, investigar y detener.
sugirió que el presidente de la República, instruya para que haya respeto a la vida, investigaciones independientes de cada muerte, transparencia en la estadística de la Procuraduría, rendición de cuentas de la Policía ante el Congreso, supervisión externa y uso de cámaras corporales, reforma policial centrada en derechos humanos e investigación de la responsabilidad de mando.
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